Mapa de cunetas de la guerra incivil y el franquismo.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el estado español no tiene nada que celebrar, el mejor homenaje que el Estado español puede hacer a las víctimas y sus familias es el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Pasa un año, y otro, y otro… y vamos por 48 años de democracia, dicen. Pero bien poco ha mejorado la cosa respecto a las responsabilidades del estado con las personas asesinadas y desaparecidas por los fascistas en la guerra incivil y la posterior dictadura. Algunas personas discuten el término fascista del gobierno del dictador. para evitar el ruido interno, es mejor echar mano de la documentación existente, en este caso, de la resolución de naciones unidas respecto a la cuestión española. Más de 80 años sin tener dónde llorar, honrar y despedir a los seres queridos. El dictador ya no está enterrado con honores en el mausoleo que él mismo mandó construir, no está mal, 44 años después. Y es que no podemos olvidarnos de que el fascismo en este país murió en la cama, y eso, todavía lo seguimos notando en el día a día de muchas cosas. No ha sido este país un país “vengativo” con quien liquidó la democracia y de paso a los demócratas. Es conocida la intervención de españoles en las filas de los nazis mediante la división azul, pero no tan conocido que sus restos fueron repatriados en vuelos fletados por el gobierno.

No recuerdo a quien le hoy decir en una ocasión A Franco lo pusieron los franquistas, y que razón tenía el jodio, ¿qué fue antes el huevo o las gallinas? En este caso está claro que las gallinas fueron las que pusieron el huevo.

Hay quienes tienen la ignorancia, o nos toman por idiotas, de decir que hablar de esto es abrir viejas heridas, no han entendido nada, jamás llegaron a cerrarse. En mayo 2015, el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) volvió a mencionar al Estado español que los actos de tortura, incluidas las desapariciones forzadas, ni prescriben ni pueden ser amnistiados. El CAT insistió en la obligación de investigar estos delitos a la luz de las obligaciones internacionales de España, de manera exhaustiva e imparcial.

El Comité de Derechos Humanos ha sido el último organismo de la ONU en reiterar, en julio de 2015, su desaprobación por la ausencia de investigaciones de los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, incluidas las desapariciones forzadas. Recordamos que como desapariciones forzadas, también es necesario incluír aquellos bebés que fueron extraídos de sus familias para ser colocados en familias afines. Una práctica desarrollada y amparada por el régimen desde algo antes de acabar la guerra hasta principios de los años 50. El asunto más controvertido de la dictadura, puesto que aquellas criaturas, cuyo número se estima en aproximadamente 30.000, todavía están vivos. Y han crecido en familias que conscientemente en el peor de los casos y de forma inconsciente en el mejor, fueron sustitutos de sus legítimas familias con el fin político del régimen de depuración de la raza extirpando el marxismo y la democracia de la sociedad. Esas 30.000 criaturas se encontraban en un tipo de familia específico, con unas creencias específicas. En este caso, la verdad y la justicia, suponen un impacto brutal en aquellas familias que más simpatizaron o simpatizan con el antiguo régimen, lo que supone la oposición directa por parte de un sector grande de la sociedad a respetar el derecho internacional, y esas personas, han de disfrazar la realidad para obtener el respaldo necesario en las urnas que les permitan eludir sus obligaciones con la humanidad. Un país que no conoce su pasado, no tiene futuro. estos detalles venían descritos en cierta manera en el auto de inhibición del Juez Garzón.

A continuación adjuntamos la definición de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzosas, Las Naciones Unidas, nada sospechosos de ser rojillos precisamente.

Mucho más que una violación de los Derechos Humanos.

La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación:

  • el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;
  • el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones;
  • y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.

Cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países de todo el mundo.

¿A quién afecta?

A las propias víctimas

Las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen. Las víctimas saben bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien venga a ayudarlas. Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber “desaparecido” de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores.

Incluso si la muerte no es el desenlace final y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan libres, las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan.

A los amigos y familiares de las víctimas

La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.

La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar. La conmoción emocional resulta pues agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación. En algunos casos, la legislación nacional puede hacer imposible recibir pensiones u otras ayudas si no existe un certificado de defunción. El resultado es a menudo la marginación económica y social.

Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres, además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A ese título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias. Cuando las mujeres son las víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo.

Definición

Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que:

«se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.»

Fuente: Naciones Unidas