Zaragoza impone un servicio privatizado de atención telefónica como única vía de acceso de la ciudadanía y los profesionales a los Centros de Servicios Sociales.

Un recurso de CGT ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de inadmisión por falta de legitimidad resuelta en primera instancia pide la nulidad de la resolución del Ayuntamiento de Zaragoza que adjudica la prestación del Servicio de Atención Telefónica Especializada en el Área Social y Familia.

CGT argumenta que el servicio, puesto en marcha ante las excepcionales circunstancias de la pandemia, se reconvierte ahora en un “call center” donde personal externo y no cualificado filtra las llamadas que deben ser gestionadas. Una decisión que no se justifica ni cuenta con informes que avalen la necesidad de externalizar unas tareas reservadas a funcionarios o personal laboral del Ayuntamiento.

Más de la mitad de las casi 67.000 personas que han pedido cita no han sido derivadas a los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) al considerarse su demanda “no pertinente” y un 25% del total de llamadas se califica como “resuelto”, lo que delata que personal no cualificado las valora. CGT subraya el prejuicio que se causa al limitar y precarizar un recurso tan sensible como es la asistencia social. Se trata de prestaciones relativas a derechos básicos de la ciudadanía (comida, vivienda, seguridad…) o solicitudes que afectan a conflictos familiares, íntimos y personales, dependencia o violencia familiar


Además de las dificultades que la atención telefónica genera a muchas personas y el hecho de que se están recopilando datos personales protegidos, las llamadas al número 900 no son realmente gratuitas, ya que no es posible hacerlas sin saldo en el móvil. A ello se añade que, excepto en dos horas, el horario coincide con el de funcionamiento de los CMSS, con lo que su única supuesta ventaja desaparecido.


El modelo y las demoras que el sistema provoca obligan a los usuarios a acudir a las Redes Vecinales de Apoyo y a diferentes ONGs, paradójicamente más accesibles. El recurso de CGT pide la nulidad de la resolución por lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional y generar un grave perjuicio, al no garantizar los principios rectores del sistema de servicios sociales: universalidad, igualdad, equidad, calidad y descentralización.

LO PUBLICO NO SE VENDE. SE DEFIENDE