EL CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE MUFACE

“No hay pan para tanto chorizo”, Isabel Díaz Ayuso, Premio a la Gestión Sanitaria, defensora del modelo de MUFACE, excelsa política y mejor persona.

4.478 millones de € (957 millones más que con el concierto actual), incremento del 33,5% en las primas para el período 2025-2027, prima media anual por mutualista que pasa de 1.032 a 1.262 €, con un aumento superior a la suma de la subida del IPC de los últimos años (a diferencia de nuestros sueldos) y aún resulta insuficiente para unas aseguradoras privadas que siguen sin justificar sus pérdidas, lacras ambiciosas, que condicionan la atención sanitaria de millón y medio de personas a sus cálculos de rentabilidad.

La actual situación de MUFACE con la negociación/chantaje de las aseguradoras, el apoyo a la sanidad privada de determinados partidos políticos con asistencia incluida a la movilización de sus pseudosindicatos, las tensiones dentro del Gobierno (con el Ministerio de Función Pública imponiéndose al de Sanidad) etc., debe situarse en un contexto sociopolítico neoliberal que preconiza el desmantelamiento del Estado de Bienestar, evidente amortiguador del conflicto social (lucha de clases), en favor del sector privado con el falso argumento de una mayor eficacia y rentabilidad, salvo que se refieran a lo eficaz y rentable que resulta para las élites económicas privatizar beneficios y socializar pérdidas, en clara connivencia con gestores públicos y dirigentes políticos (de indiscutible patriotismo) y sus prácticas clientelares de puertas giratorias.

La introducción de criterios economicistas de mercado en el sector público implica que el ciudadano pasa de ser objeto de derechos protegidos por ley… a cliente objeto de negocios con cotización en bolsa, cuyo acceso a servicios básicos para una vida digna se determinan en función de su capacidad económica (tanto tienes… tanto vales)

Las sucesivas privatizaciones en el ámbito sanitario suponen la sustitución de la dimensión humana del paciente por otra consistente en su rentabilidad, en definitiva, por la transformación de la persona en mercancía. Hagamos un repaso cronológico:

  • En la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Seguridad Social, en sus arts. 66, 67 y 90 ya se permite la vinculación del sector privado a la política sanitaria, así como la derivación de pacientes

  • El Informe Abril de 1991, constituye el primer intento serio de mercantilizar el sistema sanitario profundizando en la colaboración público-privada con recomendaciones para fragmentar los servicios de salud e incrementar la competencia, aunque fue criticado y desechado, desde hace unos años se reivindica su supuesta vigencia.
  • La ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobada por el PP con el apoyo del PSOE y el PNV, implicó acelerar la privatización de servicios, centros y hospitales.
  • El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, supuso un recorte del gasto sanitario cercano al 12%, una reducción de 52 mil empleados entre personal médico y enfermero, el aumento del número de personas desprotegidas (más de 870 mil), así como el incremento de las listas de espera (entre 20-40%), reduciéndose la capacidad asistencial de los centros y empeorándose la calidad de la atención primaria y especializada.
  • Mención especial merece la reforma del art. 135 de la Constitución, aprobada por el PSOE en el 2011 con apoyo del PP y que implica priorizar el pago de la deuda pública frente a cualquier otra necesidad de gasto.

Así, la vía privatizadora se iniciará en servicios imprescindibles para el buen funcionamiento del sector sanitario: atención telefónica, gestión documental, lavandería, limpieza, mantenimiento, recogida de analíticas, etc., produciéndose precariedad en los empleos y sobrecostes para el erario público (hecho común a otras administraciones)

El sector público y el privado se constituyen en vasos comunicantes de forma que el deterioro/empobrecimiento del primero produce el fortalecimiento/enriquecimiento del segundo. No es de extrañar que, a pesar de disminuir el gasto sanitario por habitante y de reducir plantillas, aumente la deuda pública, puesto que la política austericida resulta un negocio redondo.

La crisis desatada por el COVID-19 provoca un colapso del sistema sanitario público, producto de recortes y privatizaciones, que revela la falta de infraestructuras, medios, personal, etc. y la evidente dependencia social de los sectores más precarizados: cajeras, cuidadoras, limpiadoras, auxiliares de enfermería… las mismas a las que se nos pedía aplaudir cada día para después pasar al olvido.

La pandemia resultó muy beneficiosa para las aseguradoras privadas y según su asociación empresarial – UNESPA – a partir del 2020 se añaden de media casi medio millón de nuevos clientes al año, el seguro privado de salud pasa de ingresar de 7 a 11 mil millones de € en 10 años (un incremento superior al 55%) Las compañías con mayor volumen de primas en el

2023 son: SegurCaixa Adeslas, 3.244 millones; Sanitas, 1.821 millones; Asisa, 1.459 millones y DKV con 848 millones.

Otro derecho social como la Educación también se convierte en objetivo de las políticas neoliberales, así mientras en la Universidad Pública se dificulta el acceso a los estudios sociosanitarios mediante número clausus y altas notas de corte no se tiene mayor dificultad en las privadas, con curiosos vínculos con grupos empresariales y multinacionales farmacéuticas, siempre por un “módico precio” y con el fin de obtener un personal supuestamente cualificado como mano de obra barata.

Ante el evidente deterioro de la sanidad pública ya en el año 2009 se presentan por diferentes organizaciones sociales y sindicatos (CGT entre ellos) 400 mil firmas ante el Congreso solicitando la derogación de la ley 15/97, a pesar de que el PSOE disponía de mayoría no hizo absolutamente nada aunque ello no le impedirá en un “ejercicio de coherencia” presentar una proposición no de ley en el 2012 desde la oposición y siendo imposible al disponer el PP de mayoría absoluta, maniobra electoralista debida a la presión ejercida por las denominadas mareas.

Entre 2011 y 2018, con el PP en el poder, PSOE – Podemos – IU prometen blindar la sanidad pública y derogar la ley 15/97 en caso de gobernar, promesa que se va diluyendo con el paso del tiempo. Así, en la pasada legislatura (2020-2023) anuncian un anteproyecto que en realidad suponía transferir el contenido de esa ley a la propia Ley General de Sanidad. En esa misma legislatura se presenta una ILP para la “Recuperación del Sistema Nacional de Salud” que incluye la derogación de las leyes que permiten la privatización; la limitación de los conciertos; el refuerzo de la atención primaria (incluidas las residencias de mayores) y la creación de un sistema público de farmacia, ILP que fue boicoteada por ciertos partidos de “izquierda” no logrando reunir las 500 mil firmas.

En la actual legislatura Podemos presenta, en abril de 2024, una proposición de ley para garantizar el carácter público del SNS, que recoge la derogación de la ley 15/97 y que es admitida a trámite, resultando paradójico que hayan esperado a estar fuera del gobierno. Apenas un mes después, Sumar, a través de la ministra de Sanidad, propone una consulta pública de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS que no plantea de forma clara la derogación de la ley 15/97 ni la imposibilidad de que el sector privado acceda a los servicios públicos al obviar el art. 67 de la Ley General de Sanidad que permite asumir la atención sanitaria de pacientes a hospitales privados con fondos públicos.

Ante todo lo expuesto, CGT RECHAZA el modelo de MUFACE por anacrónico, producto franquista cuya desaparición ya estaba prevista en la Ley General de Sanidad de hace casi 40 años. Consideramos que su extinción debe ser progresiva y en corto plazo, mientras se

recupera y fortalece la Sanidad Pública, mejorando condiciones laborales, prestaciones y cumpliendo e incluso acortando las listas de espera conforme a lo dispuesto en los Reales Decretos 605/2003 y 1039/2011. De nada serviría integrar a millón y medio de empleados públicos en la Seguridad Social para su posterior derivación al sector privado, como ya ocurre actualmente. Resulta comprensible que personas con ciertas patologías o residentes en determinados lugares ante el deterioro provocado en la sanidad pública opten por la privada (más por obligación que por convicción) personas que se ven indefensas ante unas aseguradoras que les deniegan pruebas e intervenciones e incluso la posibilidad de contratar un seguro con el pretexto de no resultar rentables, está comprobado que los achaques de los funcionarios impiden el reparto de dividendos entre los accionistas.

Desde CGT defendemos UNA SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL, GRATUITA Y DE

CALIDAD sin intervención de empresas privadas (a las que mueve el ánimo de lucro), priorizando y potenciando la atención primaria, centrando el sistema en la prevención y no solo en la curación y con una mayor dotación de plantilla y recursos, modelo que tal y como señala la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) además de ofrecer mejores resultados en salud, es más eficiente, equitativo y humano.

 

FUENTE: CGT AGE ZARAGOZA – age@sapcgtzaragoza.org