Hace un año, se puso en marcha un “monstruo de fotocopiadora” de grandes dimensiones en el sótano del edificio Seminario. La instalación de este equipo de trabajo se produjo sin consultar al Servicio de Prevención y Salud Laboral (SPSL) si el funcionamiento de la máquina podría suponer un riesgo para la salud de los y las trabajadoras que trabajan en dicho espacio. Ante las afecciones referidas por parte del personal, ya que incluso algún trabajador requirió asistencia médica, CGT solicitó al SPSL la elaboración de un informe técnico que determinara si esta circunstancia podría presentar un riesgo para la salud de las personas que realizan su trabajo en dicho espacio.  Por este motivo, el servicio de SPSL elaboró un informe a raíz del cual, se paró la actividad de la máquina. Cabe destacar que la máquina lleva un año parada y puede estar suponiendo un gasto considerable para el Ayuntamiento.

Hace una semana llamaron de nuevo a CGT desde el sótano del edificio del Seminario informando de la existencia de una nueva fotocopiadora que está trabajando a toda marcha. Tras una nueva visita el pasado 22 de febrero de 2024, pudimos constatar que se ha dado paso a otra fotocopiadora más pequeña, pero que, por el volumen de fotocopias que realiza y el lugar en el que está ubicada, sigue provocando afecciones en la garganta y ojos de los y las trabajadoras. En esta ocasión tampoco se informó previamente al SPSL de la actividad del nuevo equipo.

Ante la nueva comunicación de CGT al SPSL para evaluar de nuevo las condiciones de trabajo, ayer 29 de febrero, personal técnico del SPSL realizó una visita al lugar para realizar el correspondiente informe técnico que determine si las condiciones en las que desarrollan su trabajo la plantilla afectada se ajustan a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.  Estamos a la espera del resultado del informe.

Resulta difícil comprender cómo se pueden hacer las cosas de semejante modo, desconocemos si es que se trata de algún tipo de protesta o insumisión por parte del Ayuntamiento ante de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales que, como cualquier otra Ley, es de obligado cumplimiento, o es algo que se escapa a nuestro entendimiento, porque no existe una explicación razonable para semejante conducta por parte del Ayuntamiento.