El Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre,  por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, lleva más de una década criando polvo en los anaqueles. Un Real Decreto que debía dar solución a miles y miles de personas en nuestro país que han trabajado –y siguen trabajando– expuestas a riesgos que acortarán drásticamente sus años de vida. Trabajadores y trabajadoras que están en contacto con amianto, o del sector del hierro colado, o del transporte de viajeros y mercancías, o de limpieza de centrales térmicas, por citar sólo algunos ejemplos, siguen a la espera de que aquel Real Decreto, aprobado hace ya once años, no quede en papel mojado.

Entretanto, las únicas personas que han obtenido una reducción por esta vía de los coeficientes reductores y que han visto cómo se anticipaba su edad de jubilación, eran las pertenecientes a la Policía. Un claro indicio de que, detrás de la aplicación de esta norma, hay una clara intencionalidad política y un claro sesgo ideológico. Mientras tanto, a las personas que pueden contraer un cáncer por culpa de un riesgo como el contacto con el amianto, se las manda a la sala de espera de la aplicación de esta norma; una sala de espera que lleva ya una década sin correr número.

Desde la CGT hemos tenido que denunciar a la propia administración, que ha hecho una lectura retorcida de la ley sin justificación de ningún tipo. Al contrario de lo establecido en el RD 1698/2011, la administración interpretaba que las solicitudes para el inicio de los expedientes debía ser conjunta entre sindicatos y patronal. Esto suponía, de facto, dar un cerrojazo para que no se iniciara ningún expediente más. Sin embargo, la ley no indica en ningún apartado que dicha solicitud deba ser conjunta entre empresarios y sindicatos, y así lo ha hecho prevalecer la CGT en los juzgados. Desde la reciente sentencia ganada por parte del Gabinete Jurídico Confederal, podremos iniciar la petición administrativa y dar los pasos adecuados para forzar el cumplimiento de esta norma sin tener que contar con el acuerdo con los empresarios.

El presente comic es nuestro particular modo de dar a conocer ante la sociedad una realidad apenas abordada, pero de la que depende la seguridad y salud tanto de las personas que están trabajando en estas condiciones como la de las personas usuarias que reciben estos servicios. La CGT tiene que seguir dando pasos adelante por más trabas que nos pongan en el camino.