Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT 

“Sra. Ministra de Trabajo

¿Destruir 304.000 empleos netos en un viernes negro de agosto, no le supone el “súper golazo de la ilegalidad empresarial, por la escuadra del  gobierno de los empresarios?”

La realidad supera la “ficción de la recuperación” que los distintos gobiernos (antes el del PP, ahora el del PSOE) y patronales, vienen vendiendo de manera desvergonzada a la población: en tan solo un viernes (negro, muy negro) de fin de agosto, se destruyeron 304.000 empleos. Desde el 2008 no sucedía esta alarmante desfachatez empresarial.

¿Por qué sucede esta barbarie, donde millones de personas asalariadas son contratadas anualmente, a la vez que esos mismos millones son “despedidas” y luego vuelta a empezar?

Pues porque la realidad contractual de los mercados de trabajo privados y públicos, se define por tres variantes:

  1. a) Fraude masivo en la contratación (temporal), por medio de mecanismos indeseables de realizar contrataciones temporales para puestos de trabajo permanentes.
  2. b) Abuso masivo de la contratación a tiempo parcial, para después realizar dobles o triples jornadas.
  3. c) Millones de horas extras realizadas semanalmente, donde los y las trabajadoras, realizan horas extras (fuera de la jornada contractual “pactada”), sin ser compensado este trabajo en demasía y ser un claro fraude a la hacienda pública y a la seguridad social.

El Gobierno, ante la vergüenza de la actuación empresarial, respecto a la falta de respeto de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, ha publicado un RD por el cual se dota de más medios y más poder a las Inspecciones de Trabajo para que asuman su papel (obligacional y de derecho) en la denuncia y reparación de la lesión de estos derechos.

Y se ha dedicado a mandar cartas de apercibimiento (50.000) a empresas que de sobra saben y pueden demostrarlo que utilizan la ilegalidad “legal” en las contrataciones. Contrataciones fraudulentas que cada vez se realizan por menor tiempo (los contratos temporales de menos de siete días, se han duplicado respecto a tiempos anteriores a la gran crisis-estafa) y se permite la indecencia “legal” de darles de baja en viernes y volver a darles de alta el lunes.

El Gobierno, con su ministra de trabajo Magdalena Valerio, permite y es corresponsable del desastre y el drama existente en el mercado de trabajo, al no derogar las Reformas Laborales, la del 2010 (PSOE) y la del 2012 (PP), que han instalado la precariedad y la pobreza de manera estructural en el mercado de trabajo, y el Empresariado no solo campa a sus anchas en ese mercado, sino que además, la desregulación y la ausencia de derechos mínimos y dignos para las personas asalariadas, rigen las relaciones laborales en sus empresas.

CGT considera que, cualquier cambio sustancial y con alguna transcendencia para recuperar derechos y dignidad de las clases asalariadas, solamente puede venir de la movilización en cada empresa, en cada centro de trabajo (público y/o privado), así como en la movilización general de toda la clase obrera, bien esté activa, bien parada o bien jubilada.

La realidad supera la “ficción de la recuperación” que los distintos gobiernos (antes el del PP, ahora el del PSOE) y patronales, vienen vendiendo de manera desvergonzada a la población: en tan solo un viernes (negro, muy negro) de fin de agosto, se destruyeron 304.000 empleos. Desde el 2008 no sucedía esta alarmante desfachatez empresarial.

¿Por qué sucede esta barbarie, donde millones de personas asalariadas son contratadas anualmente, a la vez que esos mismos millones son “despedidas” y luego vuelta a empezar?

Pues porque la realidad contractual de los mercados de trabajo privados y públicos, se define por tres variantes:

  1. Fraude masivo en la contratación (temporal), por medio de mecanismos indeseables de realizar contrataciones temporales para puestos de trabajo permanentes.
  2. b) Abuso masivo de la contratación a tiempo parcial, para después realizar dobles o triples jornadas.
  3. c) Millones de horas extras realizadas semanalmente, donde los y las trabajadoras, realizan horas extras (fuera de la jornada contractual “pactada”), sin ser compensado este trabajo en demasía y ser un claro fraude a la hacienda pública y a la seguridad social.

El Gobierno, ante la vergüenza de la actuación empresarial, respecto a la falta de respeto de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, ha publicado un RD por el cual se dota de más medios y más poder a las Inspecciones de Trabajo para que asuman su papel (obligacional y de derecho) en la denuncia y reparación de la lesión de estos derechos.

Y se ha dedicado a mandar cartas de apercibimiento (50.000) a empresas que de sobra saben y pueden demostrarlo que utilizan la ilegalidad “legal” en las contrataciones. Contrataciones fraudulentas que cada vez se realizan por menor tiempo (los contratos temporales de menos de siete días, se han duplicado respecto a tiempos anteriores a la gran crisis-estafa) y se permite la indecencia “legal” de darles de baja en viernes y volver a darles de alta el lunes.

El Gobierno, con su ministra de trabajo Magdalena Valerio, permite y es corresponsable del desastre y el drama existente en el mercado de trabajo, al no derogar las Reformas Laborales, la del 2010 (PSOE) y la del 2012 (PP), que han instalado la precariedad y la pobreza de manera estructural en el mercado de trabajo, y el Empresariado no solo campa a sus anchas en ese mercado, sino que además, la desregulación y la ausencia de derechos mínimos y dignos para las personas asalariadas, rigen las relaciones laborales en sus empresas.

CGT considera que, cualquier cambio sustancial y con alguna transcendencia para recuperar derechos y dignidad de las clases asalariadas, solamente puede venir de la movilización en cada empresa, en cada centro de trabajo (público y/o privado), así como en la movilización general de toda la clase obrera, bien esté activa, bien parada o bien jubilada.