La pasada jornada del sábado nos trajo la situación extraña de que se impartiesen las instrucciones oportunas a un servicio mínimo para que vulnerase el mandato recibido. Se pidió consejo a este comité de huelga, de modo que con la información de que disponíamos debimos dar la respuesta a las demandas de las personas. Como parece que va siendo frecuente, se pone al personal del Servicio de Instalaciones de elegir “cual es la respuesta más correcta”.

Evidentemente, existe una respuesta más correcta, pero como en las oposiciones, y de esto hay muchas personas que saben en este ayuntamiento, si no tienes el temario, la situación es complicada. El decreto de servicios mínimos, está siempre por encima de una orden directa, al emanar el nombramiento de un decreto de servicios mínimos. Pero es bien cierto, que se ha solicitado que se nos facilite el decreto en cuestión, y no se nos ha proporcionado. La única explicación es que no exista. Dicen que incluso han podido existir dos decretos para una única huelga que no ha variado ni un ápice los términos de su convocatoria. Además, no coinciden con el anterior decreto de una huelga convocada en idénticas condiciones durante 2022.

Y no sólo nosotros estamos  sometidos a desinformación.  Las personas trabajadoras, no son conocedoras de las particularidades de desempeño de su trabajo en los fines de semana en el que la huelga está convocada. Así pues, no queda claro que es lo que pueden o no pueden hacer, y este comité no tiene la documentación necesaria para poder informar.

Así pues, quedan negro sobre blanco los registros de lo acaecido, y esperamos que no vuelva a ocurrir. El hecho de abrir una instalación que está cerrada trasladando un servicio mínimo de un lugar a otro, entendemos que se trata de un caso contemplado como esquirolismo interno y así se ha puesto de manifiesto en la comisaría de la policía nacional este sábado. El esquirolismo supone una práctica prohibida en las jornadas de huelga, que supone la vulneración de derechos fundamentales. El abrir instalaciones que debieran estar cerradas por no haber personas designadas para abrirlas o porque estas personas se encontrasen de huelga, es de hecho hacer trampas con el fin de restar eficacia a una huelga convocada, que por cierto, cada día se muestra más efectiva pese a la negativa a negociar. El juez dictaminará si lo que está haciendo el equipo dirigido (o no) por Natalia Chueca, está ajustado a derecho o no.

A nosotras, el hecho de que determinados funcionarios, conocedores de la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de 2023, actúen en contra de la misma, no deja de sorprendernos, y más aún, cuando su trabajo dentro del Ayuntamiento es la contemplación de jurisprudencias y demás textos legales. No tiene el mismo nivel de responsabilidad un ordenanza que  un letrado,  un técnico en administración general,  o una jefatura de servicio.  Los actos administrativos emanados de este tipo de situaciones, no tenemos claro ni qué validez pueden tener, ni que responsabilidades personales puedan implicar, así como tampoco podemos alcanzar a saber si es exigible una responsabilidad por daños morales. Poco a poco se irá desenmarañando el ovillo. Con el alargamiento de la vida laboral que nos imponen desde el gobierno central, aún tenemos más tiempo para trabajar estas cuestiones y otras.