El Gobierno aprobó, en diciembre, en el Consejo de Ministros un real decreto por el que los policías locales podrán anticipar su jubilación a los 59 años en el mejor de los casos si acreditan 37 de actividad y un mínimo de 15 años cotizados como miembros del Cuerpo.
Para ello deben comunicar su voluntad de acogerse a esta modalidad antes del 31 de enero de cada año y tener un mínimo de 15 años cotizados efectivamente como policías locales
El colectivo al que se le reconoce la jubilación anticipada es a “todos los funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades”
No obstante, la exigencia de esos 37 años cotizados para poder jubilarse seis años antes de la edad legal se requerirán de forma progresiva: 35 años y 6 meses de cotización efectiva como policía local en 2019 (esto quiere decir que quien cumpla este requisito el próximo año ya podrá adelantar seis años su jubilación en el próximo ejercicio); se exigirán 36 años cotizados en 2020, 2021 y 2022; 36 años y seis meses en 2023, 2024, 2025 o 2026; y 37 años de 2027 en adelante.
Este adelanto de la jubilación solo se permitirá a los policías que hayan permanecido en situación de alta en la Seguridad Social hasta que la fecha en que se produzca la jubilación. Aunque también podrán acogerse a este retiro los que, habiendo cumplido 15 años en activo como agentes municipales, hayan cesado como policía local pero sigan de alta en la Seguridad Social desempeñando una actividad laboral diferente.
Pero ahora viene lo bueno. La norma, además de fijar el citado coeficiente para determinar cuántos años podrán adelantar su retiro, establece una “cotización adicional”, de forma que “se garantiza el equilibrio financiero del sistema”. Esta cotización será de 10,6 puntos de los cuales 8,84 puntos los pagarán los ayuntamientos a la Seguridad Social y el 1,76 restante, lo abonarán los policías en activo, detrayéndoselo de sus nóminas.
Y esta medida, que parece lógica, traducido a esta casa, y dado el gran número de personas que están ejerciendo de policías locales, va a suponer al ayuntamiento la nada despreciable cifra de más de 4 millones anuales, millones que salen del capítulo uno, del capítulo de donde cobramos el resto del ayuntamiento.
Es decir, que este colectivo, que ya tiene el privilegio, (porque eso es lo que es, un privilegio), de poderse ir a su casa en una mal llamada segunda actividad sin destino, (eufemismo por el cual cesan sus actividades laborales) ese por el cual a partir de los 55 años los convierte en jubilados con nómina a cargo del ayuntamiento y que mantiene todos los derechos que el pacto recoge para el resto del personal, va, ahora, a incrementar los gastos municipales en relación a los gastos a la seguridad social que tiene abonar.
4 millones más, cuatro millones que dejaran de existir para aumentar plantilla, para negociar rpts para los de abajo, para acabar con agravios comparativos en colectivos perjudicados por una mala praxis retributiva.
Desde CGT nos parece bien que la gente se pueda jubilar a los 60 o incluso los 59 años, es más, nos gustaría que en vez de caminar el resto hacia los 67, nos encamináramos hacia los 60 como la edad ideal de jubilación pero nos preocupa mucho, muchísimo que este colectivo, que ya se puede ir a su casa a los 55 años, ahora nos vaya a costar esa cantidad de la que hablamos, porque desgraciadamente sus derechos, salen de nuestras costillas, del resto de la plantilla, porque eso va a hacer insostenible los servicios públicos, tal como los conocemos. Si hay un colectivo que sus derechos hacen que se coman todo el pastel del capítulo uno, que queda para los demás?