Desde CGT apoyamos las movilizaciones a favor de la derogación integra de las reformas laborales de 2010 y 2012.

El pasado mes de febrero se aprobó lo que se ha venido a llamar la Reforma Laboral. Esa llamada Reforma, oculta una realidad que nadie se atreve a negar, ni siquiera los poderes financieros, las derechas y la patronal, y es el hecho de que estamos ante una consolidación de los aspectos más lesivos de las Reformas

Laborales de 2010 y 2012, tramitadas en plena crisis financiera, con las que se arrebataron importantes derechos conquistados con grandes luchas por parte de los trabajadores y de las trabajadoras.

La fase previa de negociación de esta última Reforma, durante el año 2021, estuvo marcada por la obsesión del Gobierno, por alcanzar cualquier tipo de acuerdo que pudiera presentarse como modelo de consenso.

Admitir ese objetivo significaba la renuncia a cumplir lo que aparecía en el Programa del actual Gobierno de coalición, la derogación de las Reformas de 2010 y 2012. Con la premisa del consenso se garantizaba a la patronal su capacidad de vetar la negociación, porque es evidente que el restablecimiento de los derechos arrebatados a la clase trabajadora no es precisamente algo que encaje con las aspiraciones de una patronal que había alcanzado importantes beneficios con las reformas laborales, fundamentalmente la facilidad para despedir, el abaratamiento de los despidos, y la precariedad en la contratación.

Denunciamos en su momento que esta derogación a medias era un fraude para las aspiraciones y las necesidades de la clase trabajadora y, su aceptación, una traición más de los sindicatos oficiales del régimen del 78 que durante décadas han venido firmando diferentes acuerdos que presentan a los trabajadores y a las trabajadoras como si fuesen pasos necesarios de cara a mejorar la productividad, la competitividad y, siempre después, alcanzar supuestas mejoras salariales, fomento del empleo estable y otras promesas que nunca se cumplen. La realidad es tozuda y cada una de las Reformas impulsadas en las últimas décadas ha supuesto una pérdida de derechos de la clase trabajadora para incrementar los beneficios de la patronal.

Las Reformas Laborales de 2010 y 2012 fueron aplicadas por gobiernos del PSOE y el PP respectivamente y sirven para ilustrar el funcionamiento del actual sistema en el que un modelo bipartidista gestiona la

imposición de políticas neoliberales que persiguen el desmantelamiento de los diferentes servicios públicos y la aplicación de recetas cuyo significado no se nos escapa: competitividad, incremento de la productividad, flexibilización de los contratos laborales, y todo ello en detrimento de las condiciones de vida, laborales y sociales de la clase trabajadora.

No podemos olvidar que la línea ideológica que sustenta la última Reforma Laboral, supone el acatamiento de las políticas económicas impuestas desde la Comisión Europea, de marcado perfil neoliberal, sin cuestionarlas y renunciando a la aplicación de las medidas favorables para la clase trabajadora que debería impulsar un supuesto gobierno progresista.

No tenemos ninguna duda que la nueva reforma laboral no rompe con procesos anteriores y viene a consolidar un modelo de relaciones laborales basado en la precariedad, la temporalidad y el poder empresarial, poniendo por encima de las personas y sus necesidades, los beneficios empresariales.

Los argumentos que se utilizan para alabar y justificar esta reforma resultan falaces. La supuesta reducción de la temporalidad en la contratación solo sirve para maquillar los datos oficiales, mientras la realidad es que han convertido la modalidad de contrato indefinido en una suerte de contrato temporal sin definir, por cuanto sin modificación de los motivos para despedir, sin aumento significativo de las indemnizaciones por despido, sin recuperación de los salarios de tramitación y sin facilitar la readmisión en los casos de despido improcedente, seguirá funcionando el despido fácil, libre y barato y, por lo tanto, la generalización de la temporalidad en el empleo pero con el nombre de “Contrato Indefinido”.

Vender como un logro la prevalencia de los convenios de sector, es pretender tomar el pelo al conjunto del movimiento sindical y volver a otorgar a ccoo y ugt más poder en la negociación colectiva, en detrimento del resto de sindicatos de los diferentes ámbitos territoriales y sectoriales.

La consolidación y normalización de la figura de los ERE y los ERTE, la ampliación de las causas para su utilización y no establecer límites a su uso, solo persigue reducir los riesgos de las empresas a costa de la clase trabajadora y con cargo a los impuestos del conjunto de la ciudadanía. Primero nos venden las bondades de quienes tienen una empresa y arriesgan su capital para generar riqueza y luego nos utilizan para minimizar ese riesgo y que, entre todas, paguemos la fiesta.

Es un auténtico despropósito el burdo intento, del gobierno más progresista de la historia y los autoproclamados agentes sociales, de pretender pasar página de la reivindicación central de la clase trabajadora en los últimos años para la derogación integra de las reformas laborales de 2010 y 2012 y la recuperación de todos los derechos perdidos en dichas reformas.

A este despropósito, debemos sumarle la situación de incertidumbre que estamos padeciendo producto de las tensiones geopolíticas internacionales, que siempre termina pagando la clase trabajadora con sus condiciones de vida y con su propia vida y que, siempre, son aprovechadas por los poderes facticos para especular y obtener pingües beneficios en detrimento de las condiciones de existencia de la mayoría de la población mundial.

La actual carestía de la vida en el Estado Español supone un grave empobrecimiento de la población que terminará consolidando para siempre, la escalada de los precios, en la lógica capitalista. Es decir, jamás volverán a situarse en los niveles anteriores y solo servirá para aumentar obscenamente los beneficios de las grandes empresas, las multinacionales y los oligopolios energéticos y ahora, la industria del armamento.

Y a todo esto, ahora, además, se le añade la pretensión que tienen de firmar un denominado “Pacto de Rentas” cuya base principal es la contención salarial y de las pensiones, en un nuevo intento de hacer recaer sobre la clase trabajadora las consecuencias de la crisis, llamándonos a la responsabilidad, mientras los poderes económicos aumentan desmesuradamente sus beneficios y la liviana presión fiscal sobre las grandes fortunas y las plusvalías empresariales nos avergüenzan como sociedad.

Por todo ello, los sindicatos firmantes, manifestamos nuestro compromiso de lucha para hacer frente a la actual agresión que está sufriendo la clase trabajadora en el Estado Español, y hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para participar en las movilizaciones

convocadas en todos los territorios del estado el próximo día 25 de junio, con los siguientes objetivos:

•             Derogación integra de las reformas laborales de 2010 y 2012

•             Contra la carestía de la vida y el encarecimiento generalizado de los precios.

•             Contra el Pacto de rentas que pretende contener las subidas salariales y de las pensiones.