La delegación del gobierno en Aragón, a través del “ínclito” Gustavo Alcalde y mediante la abogacía del estado, ha dado un paso más en su ataque a la negociación y a los acuerdos que TODOS los sindicatos (salvo staz que juega en otra liga) teníamos con la corporación en relación al pacto-convenio 2016-2019.

Tampoco podemos olvidar que esta estrategia responde a la política estatal del pp-cs con la abstención activa del psoe, que mantienen un gobierno pepero.

En vista de que la requisitoria presentada  en noviembre, no hizo los efectos que esperaba, la citada delegación ha presentado recurso ante los tribunales de justicia, pidiendo, además, las cautelares para que la justicia paralice ya mismo, parte de la aplicación del actual acuerdo.

De concederse esta cautelar, nuestros acuerdos quedarían anulados (o en los que el juzgado considerase). Según informa la Delegación en una nota de prensa, “hay artículos que reducen la jornada laboral de las 37,5 horas de trabajo efectivo que establece la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado a 35 horas semanales. También se amplían los permisos, en contra de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, en los supuestos de fallecimiento o enfermedad grave de un familiar; de matrimonio, bautizo o Primera Comunión; o por traslado domiciliario. Finalmente, el requerimiento hacía referencia al artículo, no contemplado en el Estatuto Básico, que establece la creación de un permiso de 15 días naturales por cumplir, el funcionario, 15 años de servicios”.

CGT cree que esta injerencia en los acuerdos, vulnera los derechos constitucionales a la libre negociación entre partes, y que además tiene un claro matiz político contra la actual corporación y que nos coge a la plantilla municipal y a la de los organismos adheridos al pacto convenio como rehenes de su disputa.

El atrevimiento al denunciar acuerdos incluso vigentes en este ayuntamiento desde hace 31 años, demuestra que los intereses son más políticos que otra cosa.

Desde nuestra condición de sindicato firmante el pacto-convenio, entendemos que al ser un tema de persecución política, la respuesta debe ser también política y por lo tanto el camino sería no aceptar, incluida la posibilidad de hacer una completa insumisión por parte de la corporación, asumiendo los riesgos por ello puedan ocurrir.

Defender los acuerdos libremente firmados, defender acuerdos con antigüedades de más de tres décadas, no es un suicidio de la corporación, es un acto de valentía.

CGT, además hace un llamamiento al resto de los sindicatos, al resto de la plantilla, al resto de las plantillas de los organismos autónomos y a la sociedad en su conjunto a la defensa activa del principio de libre negociación.

CGT estudiara que acciones debe emprender para que la delegación del gobierno (siguiendo instrucciones del gobierno central sostenido por el pp y la colaboración de cs y psoe) retire su injerencia política en nuestros acuerdos, y exigirá al gobierno de la ciudad que (y en el caso de que la justicia conceda la cautelar), se niegue a aceptarla y que siga aplicando los artículos del pacto-convenio en los mismos términos que se están aplicando desde la validación con las firmas de su texto actual.

¡¡Basta de actuar contra la plantilla municipal, basta de maniobras políticas para derribar gobiernos elegidos por el pueblo zaragozano, basta de injerencias en asuntos de las relaciones laborales entre el ayuntamiento y su plantilla!!

Y si hay intrusismo, insumisión.  Y si hay mala intención, revolución.