Desde CGT y las Federaciones que trabajamos en lo Público, queremos denunciar que las políticas autoritarias impuestas a las clases asalariadas desde el inicio de “la crisis-estafa”, han conllevado, no sólo desposesión y robo de derechos públicos esenciales para la vida (como la sanidad, la educación, los cuidados, la cultura, la comunicación, los transportes públicos, las prestaciones sociales….), sino que ha afectado directamente a la concepción social del trabajo público y, por consiguiente, al empleo de las personas que trabajan en lo público, hasta presentarlo como “ineficiente, despilfarrador, etc” para, de esta manera, mercantilizar dicho trabajo y entregárselo a las grandes corporaciones empresariales para garantizarles beneficios privados.

La privatización -la externalización- de los Servicios Públicos (SSPP) por cualesquiera de las modalidades formales-jurídicas, tiene su sustentación política en la modificación del artículo 135 de la CE y posterior Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual embrida a todas las Administraciones del Estado (central, autonómica y municipal), impidiéndoles el endeudamiento y superación del déficit que Bruselas ha fijado para el Estado Español, además de las políticas de congelación de convocatorias de plazas para cubrir los puestos necesarios en los SSPP, y la pérdida de cientos de miles de empleos públicos por la vía del despido y la no renovación de contratos.

El capitalismo liberal, es la desposesión de los servicios esenciales para la comunidad a través de su mercantilización y las privatizaciones de las empresas públicas, por medio de las cuales se prestaban parte de estos servicios -patrimonio de toda la sociedad-, para ser convertidos en negocio.

Dineros que han sido trasvasados al negocio privado, por el mecanismo de reducción del gasto público, que se acerca a los 78.000 millones de euros en el Estado Español.

Los recortes son dramáticos para la mayoría social. Ninguno de los bienes comunes se libra de esta barbarie: la educación, la sanidad, la vivienda, las prestaciones de desempleo, los cuidados, la dependencia, la cultura, las pensiones, las inversiones en lo público…

Las consecuencias de estas políticas en el empleo público y en las rentas salariales ha supuesto la destrucción de 156.000 empleos y la pérdida de un 17% real en el gasto salarial, la infra inversión en los medios y la precarización generalizada en toda la cadena de trabajo.

El Trabajo Público es “aquel” que no debe ser nunca mercantilizado y su gestión se realiza desde el Estado en todas sus estructuras, la central, las autonómicas, las regionales, las municipales, y las empresas “públicas”, bajo cualquiera de las modalidades existentes hoy en nuestro sistema jurídico normativo.

La gestión de lo Público no puede basarse en criterios de rentabilidad mercantil, sino en el principio de suficiencia (siempre existirán recursos para que los servicios públicos lleguen de manera universal a toda la población) y en el principio de eficiencia, es decir, su gestión debe ser eficiente sin incurrir en un “mal negocio”, pues de lo contrario se estaría violando el principio de suficiencia.

CGT exige en esta campaña “Por un Trabajo Público Digno”:

La recuperación de todo el empleo público destruido y la cobertura de todos aquellos empleos necesarios para prestar unos Servicios Públicos con suficiencia y eficiencia.
La dignificación del trabajo público que supone tener plantillas adecuadas en cantidad y calidad para la prestación pública del servicio a la comunidad.
La recuperación de los Servicios Públicos externalizados y mercantilizados y la no privatización de ningún servicio público.
La jornada de 35 horas para todo el personal que trabaja en lo público para, de esta manera, repartir el trabajo.
La recuperación de todo el poder adquisitivo robado en salarios desde hace varios años, bien vía congelaciones, bien vía recortes directos por Decreto, y el incremento de los salarios futuros según la inflación real, lo que comporta también cláusulas de revisión.
La desaparición de las Mutuas “privadas” y que el trabajador/a cuando se encuentre en Incapacidad Laboral, perciba el 100% de su base de cotización.
El incremento de las Pensiones Públicas en un porcentaje que les dignifique y las haga suficientes para cubrir las necesidades básicas para la vida.

DIGNIFICAR EL TRABAJO PÚBLICO, EN BENEFICIO DE TODAS Y TODOS