No entendemos porque las compañeras o compañeros que limpian lo que manchamos en nuestras oficinas  o tajos, no trabajan para nuestra misma empresa (el ayuntamiento), no  entendemos por qué a los compañeros o compañeras que están, en otro despacho, al otro lado del pasillo y nos arreglan el ordenador cuando no va, no les paga la nómina el mismo que a nosotras o nosotros…, son personas que al igual que las y los funcionarios contribuyen a que el trabajo que realizamos salga adelante y forman parte ineludible de nuestro Organismo, pero sin embargo no son empleados o empleadas públicas como nosotras.

Cada vez somos menos empleadas y empleados públicos; observamos impasibles, que las plantillas envejecen y decrecen a la vez que crecen los encargos o contrataciones a empresas para que realicen las funciones que deberíamos hacer nosotros y nosotras, para que políticos y empresarios engorden sus bolsillos a costa de las y los trabajadores y de los contribuyentes. Y esta es la pelea en la que estábamos y en la que seguimos.

La política fundamental de las doctrinas neoliberales de los  gobiernos que hemos tenido y tenemos es la desregulación y liquidación del llamado “estado incipiente del bienestar”, conquistado basándose en sufrimientos, lucha, cárcel, represión y sangre, en el ámbito de las administraciones públicas, el objetivo del “déficit cero” y que lo pagamos las  y los trabajadores, lo pagan las personas mayores, lo paga el medio ambiente, las y los usuarios de los servicios sociales y en la sanidad y educación degradadas, lo paga la inmensa mayoría de la ciudadanía, aquella que no tiene recursos suficientes para acceder a algunos servicios privados de mayor calidad y atención personalizada.. Quieren el estado mínimo, sin servicios públicos, sin cobertura sanitaria pública sin paraguas para los que poco o nada tienen, con impuestos mínimos, con las y los funcionarios imprescindibles y solos manteniendo a cargo del Estado aquello que no pueda producir beneficios.
Este capitalismo en cambio ama al Ejercito y sus guerras, aman a los cuerpos de SU SEGURIDAD, aman sus unidades patrioteras, aman en definitiva la parte del estado que desde el ANARCO-SINDICALISMO odiamos. Odian la parte del Estado que hace más digna y llevadera la vida de los pobres y explotados –aunque nos quieran convencer de que nos llamamos clase media -.

 Desde la CGT hemos aprendido a valorar que el insuficiente, cicatero y solo incipiente “ESTADO DEL BIENESTAR” es el resultado histórico de las luchas de todas aquellas personas que nos precedieron en el combate por una sociedad más justa, solidaria y democrática. Hemos aprendido a valorar que a la clase obrera nadie le ha regalado nada, ni el pan, ni la libertad.

Ellos le llaman “externalización” a aquello que nosotros y nosotras consideramos que se trata de una “expoliación” y “apropiación” de bienes públicos por manos privadas y por más que nos quieran convencer de que es algo “normal”, entendemos que desde una organización sindical alternativa y revolucionaria como la nuestra hemos de situarnos en la otra orilla de estas prácticas mercantilistas sobre el “Estado del Bienestar”.

 Las privatizaciones, han tenido como consecuencia inmediata pérdida de derechos de las y los trabajadores, pérdida de calidad de los servicios y por tanto perjuicios para el conjunto de los usuarios, no digamos ya de desviación de responsabilidades públicas y políticas que ahora no recaerían sobre los gobiernos sino sobre las empresas privadas y sus trabajadores.

En cambio todo lo que ahorran por un lado lo regalan con rebajas de IRPF a los tramos más altos, compensan a las eléctricas por el paso a la competencia, pagan los complementos de las prejubilaciones con el dinero de nuestros impuestos etc.
Las privatizaciones suponen un perjuicio muy grave para la ciudadanía usuaria de estos servicios públicos, dado que las empresas que las gestionan no suelen tener experiencia en la materia, proceden de sectores muy diferentes y en demasiadas ocasiones alejados de la actividad adjudicada, en general les salva la valiosísima profesionalidad de sus trabajadores que hacen lo imposible por realizar bien su trabajo. En todo caso aunque estas tengan experiencia en la actividad es evidente que dentro de sus objetivos empresariales no se contempla en primer lugar el bienestar de la población que atienden. Más aún supone el mismo módulo de gasto que si el servicio fuera prestado por las propias Administraciones Públicas y en ocasiones más caro para garantizar la tasa de beneficio.

Esta situación lesiona en primerísima instancia los intereses de sus trabajadores. Es absolutamente necesaria la visualización de la situación desde la doble óptica de actores/usuarios. No estamos hablando de la simple solidaridad con las  y los compañeros puteados que haciendo el mismo trabajo que nosotras y nosotros cobra menos o disfruta de menos derechos sociales o sindicales, en el fondo esta situación atenta a la calidad del conjunto de los servicios que usamos tanto nosotras como la mayoría de la población. Si nos fijamos en el tipo de Convenios Laborales que aplican estas empresas veremos que poco o nada tienen que ver con el trabajo que se realiza, que el único interés que les lleva a encuadrar al personal en estos convenios es que son más baratos y disfrutan (es un decir) de peores condiciones laborales y sociales , de Oficinas y Despachos en Atención Sanitaria, de Tercera Edad en Atención a la Mujer…

 Evidentemente si las condiciones para las y los trabajadores de estas privatizaciones son raquíticas, no podemos esperar que la atención que proporcionan sea la más adecuada y se encontraran afectados por el “síndrome del profesional quemado” o Burnout. Esta situación provocará cada vez más la huida de profesionales con experiencia y formación y la contratación de personal nuevo con nula o poca experiencia, que tendrá peores condiciones laborales aún y menos posibilidades de mejorar los servicios, con lo cual se crea un círculo vicioso que lleva a la degradación y obsolescencia de los mismos hacia la desaparición.
Con lo anterior no es extraño que el porcentaje de satisfacción en el trabajo entre las personas encuestadas en España sea de los más bajos así como alta la percepción de peligro.

 Huelga comentar que en estos ámbitos no se disfrutan de los mismos derechos sindicales que en el conjunto de la Administración, que la afiliación sindical es un “handicap” para la promoción, que en un porcentaje elevadísimo no hay organizaciones sindicales y donde los hay la afiliación es muy baja. Que las quejas o reivindicaciones son castigadas o represaliadas duramente como ya hemos padecido y padecemos en demasiadas ocasiones en la CGT. El atajar la precariedad es una prioridad desde el sindicalismo de clase y revolucionario, en la misma medida que intentamos cerrar los abanicos salariales no podemos admitir que se acreciente la brecha existente en la clase obrera entre los sectores clásicos con derechos y con capacidad para la negociación colectiva y el nuevo perfil sin derechos ni capacidad de intervención.
La precariedad es un problema del conjunto de la clase, la inexistencia de derechos para millones de compañeros cae cada día sobre el conjunto.

-Pensamos que ni los profesionales merecemos trabajar en condiciones indignas y a bajo precio, ni los usuarios y contribuyentes merecen una atención cada vez de peor calidad, para que unos cuantos amigos del poder se lleven las ganancias de nuestro esfuerzo.
La fragmentación, la división y el enfrentamiento de la clase trabajadora, orquestada por el capital es cada vez más evidente para todas y todos. Es aquí, sobre esta realidad de división que cada vez es más nítida tenemos que configurar la organización, sea por justicia social y solidaridad obrera como por la simple y necesaria eficacia.

Es cada vez más urgente dar una respuesta desde el sindicato al abuso permanente a que nos vemos sometidos, hay que afinar instrumentos con alternativas al recorte incesante de derechos tan trabajosamente adquiridos. Es por ello que las personas afiliadas al conjunto del área pública de la CGT hemos de ser capaces desde nuestra modestia, de articular líneas de acción sindical y orgánicas que permitan dar esta crucial batalla en mejores condiciones. No solo no estamos de acuerdo con las privatizaciones de todo aquello que debería ser un servicio público, financiado con dinero público y prestado por personal público; además verificamos que sé están regalando y explotando por empresas que están en manos –la mayoría de las veces- de empresarios vinculados a políticos en activo.

Tenemos un profundo compromiso con el carácter y calidad de los servicios que prestamos y con independencia de la voluntad real o presunta del titular prestador de los servicios aspiramos a constituir un triángulo EMPRESA-CIUDADAN@-TRABAJADOR@ que gestione los servicios para garantizar la mayor calidad y transparencia en la gestión posibles, reapropiándonos desde la base y como colectivo organizado (de ciudadanas y trabajadores y trabajadoras) de la capacidad de decidir en cuestiones tan cercanas y básicas para el conjunto de los/as usuarias y consumidoras que conformamos la ciudadanía en general.