La balanza del dibujo expresa claramente lo que quiero decir. Los platillos están equilibrados, pero en uno hay billetes y en otro monedas. Dejando a parte la cuantía de la subida propuesta, que no compensa la subida del IPC, el hecho de que la subida sea mayor para unos que para otros es un disparate. Que parte de la subida sólo se aporte a quienes decidan entregarlo a la especulación financiera que son los planes de pensiones privados ofrecidos por entidades bancarias y agentes sociales, es algo que es difícil de asimilar. Para mayor detalle, transcribo más abajo el comunicado de FETAP (Federación Estatal de trabajador@s de las Administraciones Públicas) que se ha elaborado al respecto.

LA SUBIDA NO CUMPLE LAS ESPECTATIVAS

La variación mensual del IPC ha sido del 1,8% de forma
que la inflación acumulada en 2021 es del 5%. El
Gobierno plantea una subida del 2,5% a los
funcionarios de la que el 0,5% va al plan de pensiones.
DESDE LA FETAP NOS HACEMOS ECO DEL COMUNICADO REALIZADO POR LAS
SECCIONES SINDICALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MADRID Y LO
REPRODUCIMOS EN SU TOTALIDAD
El Gobierno, en el proyecto de Presupuestos de 2022, señala la subida de salarios a los
empleados y empleadas públicas del 2%, sin ningún tipo de negociación previa. El 0,5%
restante, estaría dispuesto a “realizarlo”, siempre que ese extra se materialice como un
salario diferido a través de aportaciones a los planes de pensiones que están abiertos en el
ámbito de la Administración y cuyo ejemplo más insigne es el Plan de Pensiones de la
Administración General del Estado, que cuenta según el último dato oficial publicado por el
Gobierno con 523.875 personas “beneficiarias”.
Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se está potenciando un modelo de
pensiones complementario en el ámbito de la empresa y necesita del banderín de enganche
del Plan de Pensiones de la AGE para sustentar su proyecto de un macrofondo de
pensiones de gestión pública, que pretende dar cabida a los planes de pensiones de empleo
de empresa que ya operan en la actualidad e incluso también a los que se puedan crear en un
futuro tanto grandes empresas como pymes o incluso autónomos.
Parece evidente que el ministro José Luis Escrivá pretende reactivar un mecanismo que
lleva prácticamente sin utilizarse desde que en 2011, en plena ola de recortes, el Gobierno
decidiera la suspensión de las aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios
para evitar sobrecargarse con más compromisos de pagos “inciertos” a futuro. Desde esa
fecha, y siempre según la información oficial que proporciona anualmente la comisión gestora
del plan, las contribuciones de los organismos de la Administración al plan no han sumado ni
un millón de euros en diez años cuando en 2011 la aportación del Estado frisó los 55
millones de euros.
La Seguridad Social quiere aprovechar los Presupuestos de 2022 para reactivar las
aportaciones del Estado al plan de pensiones de la AGE. Donde desde el año 2018 el único
organismo del Estado que ha realizado aportaciones a su plan de pensiones ha sido el ICEX,
que aportó 32.690 euros en 2019. El Estado no ha aportado un solo euro en los cuatros
ejercicios que han transcurrido desde entonces. El olvido al que la Administración ha
condenado a su plan de pensiones no ha salido gratis. El número de personas beneficiarias
se ha desplomado desde los 625.000 de 2011 a los 523.000 del año 2019 y los fondos
acumulados en el mismo apenas han pasado de los 586 millones a los 635 millones,
principalmente por la rentabilidad de las inversiones en que se han materializado los recursos
del fondo.
Desde CGT siempre hemos entendido este Plan de Pensiones como un secuestro privado de
las partidas económicas destinadas al personal funcionario. Un negocio lucrativo para los
“gestores” de dicho Plan y en definitiva unas aportaciones que limitan las subidas en las
nóminas del presente y que cuestiona su recuperación en el futuro. Insistimos, estas
aportaciones a planes futuros suponen un fraude para el colectivo toda vez que cualquier
aportación que se haga hoy tiende a devaluarse con el simple paso del tiempo puesto que los
precios siempre tienden al alza a largo plazo, en definitiva es un secuestro de
nuestros emolumentos.
En definitiva, una subida salarial claramente insuficiente después de años de continuas
pérdidas, de congelaciones y recortes. Con unas plantillas insuficientes, agotadas y
envejecidas, que están asumiendo unas cargas de trabajo desmesuradas para mantener un
sistema que hace aguas y que se mantiene, en buena medida, por nuestro esfuerzo y
profesionalidad. En un contexto de pandemia mundial que nos ha obligado a modificar sistemas
de trabajo y adaptarnos situaciones que variaban de un día para otro. Y por todo este esfuerzo,
el “premio” es una subida paupérrima que no llega ni a cubrir lo perdido este año 2021 y
que no recupera nada de las pérdidas salariales acumuladas de los últimos 15 años. Algo
más esperábamos de este gobierno, el “más progresista de la historia”.
Desde CGT reivindicamos:
 Subidas en nómina en concepto sueldo, sin derivar % alguno al Plan de pensiones.
 Aportaciones voluntarias en todo caso, de los funcionarios al citado Plan
 Subida salarial en los PGE acorde con el IPC del año anterior y previsiones del
siguiente. Por lo que estaríamos hablando de un % para el año 2022 nunca inferior al 5%.
 Y evidentemente ante lo expuesto, cláusula de revisión salarial.
Por unos sueldos dignos, esta subida no es
suficiente